El profesor de Derecho Internacional y secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia (IDH) José Elías Esteve ha conseguido que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso de amparo para revisar la validez del cierre del llamado “caso Tibet” en el que varios dirigentes de la República Popular China, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, fueron imputados por genocidio.
La decisión recurrida por el profesor José Elías Esteve, que ha actuado como abogado del Comité de Apoyo al Tibet, es consecuencia de la restrictiva reforma legal que significó un severo recorte de la jurisdicción universal, aprobada por el Gobierno Rajoy en marzo de 2014, tras presiones del Gobierno chino y que como secuela llevó al archivo de las causas de numerosos imputados por otros delitos como tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y proxenetismo.
El archivo del caso Tíbet también provocó el cierre de otras causas en España de ámbito internacional como Guantánamo, Couso, Flotilla de Libertad contra autoridades de Israel, Falun Gong… El Tribunal Supremo en sentencia de 6 de mayo de 2015 ratificó la decisión de archivo. Contra dicho veredicto se presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la reforma legal de la justicia universal vulneraba distintos preceptos de la Constitución Española. José Elías Esteve ha asegurado que “la actual admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional abre de nuevo la puerta a la esperanza no únicamente a las víctimas tibetanas, sino a la de otros graves conflictos que habían quedado abandonadas”. Y ha añadido al respecto que “el que los jueces debatan con profundidad la controvertida modificación de la ley de jurisdicción universal, abre de nuevo el debate por el cual el derecho internacional no puede quedar relegado a un segundo plano; y más, cuando la reforma legal interna fue públicamente auspiciada por un gobierno autocrático y justificada por un supuesto e incuestionable interés de la defensa de la deuda pública.”
Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet, ha señalado que “no solo se abre la esperanza de no dejar tiradas en la cuneta a las víctimas del Tíbet y de otros tantos casos, sino de aliviar la vergüenza nacional e internacional, re-estableciendo la Justicia Universal en España donde su aplicación era ejemplar y admirada. Habrá que aprender a decir no a China antes de que nos arrastren en su más que predecible caída. Nuestra relación con el gigante no puede ser un “amistad Facebook”, un eufemismo para vendernos y vender lo que sea incluidos nuestros principios básicos“.
En los próximos meses los jueces del Tribunal Constitucional decidirán, si la reforma de la justicia universal es inconstitucional, lo cual obligaría a reabrir el caso, o por el contrario concluir con el archivo definitivo; quedando en este último caso como último recurso el acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.